Conclusiones finales:
El 88,51% no considera la Prueba de Sexto como una evaluación del sistema educativo.
El 93,47% afirma que deben tenerse en cuenta otros parámetros para realizar la prueba, lo que indica que ahora es incompleta y sus resultados cuestionables por ello.
El 70,51% indica que no ha tenido consecuencias positivas en los centros educativos, cuando el objetivo es que ocurriera. Sin embargo, el 26,08% dice que se han notado, lo que, teniendo en cuenta que supone uno de cada cuatro, es un porcentaje que se puede considerar significativo.
El 91,61% responde que no se han dado más recursos económicos a los centros educativos que han obtenido bajos resultados en la prueba. Si esta respuesta la analizamos junto con la anterior, podríamos intuir que en algunos centros se han notado consecuencias positivas debido a una
posible mejora de los procedimientos internos de cara a afrontar la prueba, lo que no guarda relación necesaria con una mejora del éxito escolar del alumnado, pero sería deseable que obedeciera a ello. En cualquier caso, parece que no es debido a la intervención de la
Administración educativa, al menos no desde el punto de vista de la inversión educativa actual.
El 87,88% contesta que no debe hacerse pública una clasificación de los centros educativos en función de los resultados obtenidos en la prueba.
El 77,32% dice que la prueba tiene una finalidad perversa en si misma dado que parece buscar formas para excluir determinado tipo de alumnado. Esta respuesta, por si sola, debería servir para eliminar la prueba o, cuando menos, reconducirla o cambiar el tratamiento que se
hace de la misma.
El 90,06% estima que esta prueba no le ofrece nueva información sobre el alumnado, lo que vendría a decir que la prueba carece de sentido, ya que el esfuerzo organizativo y económico es muy alto para obtener datos que ya se tienen.
El 92,85% opina que el alumnado está suficientemente evaluado por el centro educativo sin necesidad de esta prueba, lo que vendría a confirmar lo expresado con el dato de la respuesta anterior. Si la prueba no consigue una evaluación que mejore la realizada por el centro educativo y, por ello, no ofrece nueva información sobre el alumnado, siendo además considerada como una prueba que no evalúa el sistema educativo, es obvio que no cumple siquiera sus objetivos mínimos, por lo que debería desaparecer o ser totalmente reformulada.
El 71,11% reconoce que no tiene información suficiente sobre la prueba y ello a pesar de que es una prueba que está constantemente en los medios de comunicación y que es objeto de debate, sobre todo por la publicación de los resultados de los centros educativos. No obstante, el 24,53% si parece tener información suficiente sobre la misma, pero al no haber preguntado en que sentido está informado, no podemos saber si ha sido informado de todos los aspectos de forma objetiva, ni de quién ha recibido la información.
El 92,54% encuentra la prueba inadecuada tal y como está configurada actualmente, lo que reafirma lo expresado en otras cuestiones anteriores. Parece muy evidente que debe someterse a un riguroso debate sobre su idoneidad.
El 91,30% no considera adecuadas, en términos generales, las actuaciones educativas desarrolladas en la Comunidad de Madrid. Este dato avala las constantes peticiones de un cambio radical en la política educativa que se desarrolla actualmente en nuestra Comunidad.
El 94,09% piensa que la Comunidad de Madrid favorece a unos centros en detrimento de otros. Dado que no se ha preguntado, de forma consciente, en el sentido de distinguir en función del tipo de centro, esta respuesta no puede significar que se beneficie a determinados centros debido al tipo de titularidad o de gestión que tengan, pero sí indica que existe una percepción muy mayoritaria de que existe un trato desigual entre los distintos centros educativos.
El 90,99% de los padres y madres están satisfechos con los centros educativos donde tienen escolarizados a sus hijos.
Como conclusiones generales que surgen de todo lo anterior cabe afirmar que la Prueba de Sexto:
No es un instrumento válido para realizar una evaluación del sistema educativo madrileño.
Debe ser eliminada o, cuando menos, revisada en su totalidad y reformulada.
La Administración educativa de la Comunidad de Madrid debe actuar de forma distinta con los resultados que se obtienen de la prueba, no utilizándola como un elemento de selección de centros.
No es cierto que los padres y las madres del alumnado respalden la existencia de la prueba y su realización.
Tenemos base suficiente para confirmar que la posición de la Federación en contra de la existencia de la misma es acertada y está adecuadamente fundamentada.
El 88,51% no considera la Prueba de Sexto como una evaluación del sistema educativo.
El 93,47% afirma que deben tenerse en cuenta otros parámetros para realizar la prueba, lo que indica que ahora es incompleta y sus resultados cuestionables por ello.
El 70,51% indica que no ha tenido consecuencias positivas en los centros educativos, cuando el objetivo es que ocurriera. Sin embargo, el 26,08% dice que se han notado, lo que, teniendo en cuenta que supone uno de cada cuatro, es un porcentaje que se puede considerar significativo.
El 91,61% responde que no se han dado más recursos económicos a los centros educativos que han obtenido bajos resultados en la prueba. Si esta respuesta la analizamos junto con la anterior, podríamos intuir que en algunos centros se han notado consecuencias positivas debido a una
posible mejora de los procedimientos internos de cara a afrontar la prueba, lo que no guarda relación necesaria con una mejora del éxito escolar del alumnado, pero sería deseable que obedeciera a ello. En cualquier caso, parece que no es debido a la intervención de la
Administración educativa, al menos no desde el punto de vista de la inversión educativa actual.
El 87,88% contesta que no debe hacerse pública una clasificación de los centros educativos en función de los resultados obtenidos en la prueba.
El 77,32% dice que la prueba tiene una finalidad perversa en si misma dado que parece buscar formas para excluir determinado tipo de alumnado. Esta respuesta, por si sola, debería servir para eliminar la prueba o, cuando menos, reconducirla o cambiar el tratamiento que se
hace de la misma.
El 90,06% estima que esta prueba no le ofrece nueva información sobre el alumnado, lo que vendría a decir que la prueba carece de sentido, ya que el esfuerzo organizativo y económico es muy alto para obtener datos que ya se tienen.
El 92,85% opina que el alumnado está suficientemente evaluado por el centro educativo sin necesidad de esta prueba, lo que vendría a confirmar lo expresado con el dato de la respuesta anterior. Si la prueba no consigue una evaluación que mejore la realizada por el centro educativo y, por ello, no ofrece nueva información sobre el alumnado, siendo además considerada como una prueba que no evalúa el sistema educativo, es obvio que no cumple siquiera sus objetivos mínimos, por lo que debería desaparecer o ser totalmente reformulada.
El 71,11% reconoce que no tiene información suficiente sobre la prueba y ello a pesar de que es una prueba que está constantemente en los medios de comunicación y que es objeto de debate, sobre todo por la publicación de los resultados de los centros educativos. No obstante, el 24,53% si parece tener información suficiente sobre la misma, pero al no haber preguntado en que sentido está informado, no podemos saber si ha sido informado de todos los aspectos de forma objetiva, ni de quién ha recibido la información.
El 92,54% encuentra la prueba inadecuada tal y como está configurada actualmente, lo que reafirma lo expresado en otras cuestiones anteriores. Parece muy evidente que debe someterse a un riguroso debate sobre su idoneidad.
El 91,30% no considera adecuadas, en términos generales, las actuaciones educativas desarrolladas en la Comunidad de Madrid. Este dato avala las constantes peticiones de un cambio radical en la política educativa que se desarrolla actualmente en nuestra Comunidad.
El 94,09% piensa que la Comunidad de Madrid favorece a unos centros en detrimento de otros. Dado que no se ha preguntado, de forma consciente, en el sentido de distinguir en función del tipo de centro, esta respuesta no puede significar que se beneficie a determinados centros debido al tipo de titularidad o de gestión que tengan, pero sí indica que existe una percepción muy mayoritaria de que existe un trato desigual entre los distintos centros educativos.
El 90,99% de los padres y madres están satisfechos con los centros educativos donde tienen escolarizados a sus hijos.
Como conclusiones generales que surgen de todo lo anterior cabe afirmar que la Prueba de Sexto:
No es un instrumento válido para realizar una evaluación del sistema educativo madrileño.
Debe ser eliminada o, cuando menos, revisada en su totalidad y reformulada.
La Administración educativa de la Comunidad de Madrid debe actuar de forma distinta con los resultados que se obtienen de la prueba, no utilizándola como un elemento de selección de centros.
No es cierto que los padres y las madres del alumnado respalden la existencia de la prueba y su realización.
Tenemos base suficiente para confirmar que la posición de la Federación en contra de la existencia de la misma es acertada y está adecuadamente fundamentada.
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