Excmo. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
Muy señor mío:
Por lo que a continuación exponemos, los padres y madres de familia de la Escuela Infantil Pública Los Gorriones, con el apoyo de la asociación Acuerdo Intercultural, nos hemos visto en la necesidad de reunirnos y acordar la presentación de nuestra siguiente valoración colectiva respecto a las medidas relativas a la educación infantil adoptadas en los últimos meses por la Comunidad de Madrid.
Exposición de hechos
1. El miércoles 12 de marzo de 2008 fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el DECRETO 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2. En el mes de abril de 2008 se publicaron los pliegos de las clausulas administrativas particulares que han de regir en el contrato titulado gestión de servicio público educativo de la escuela infantil Villa de Vallecas III y el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir en el contrato plurianual de gestión del servicio educativo público de la escuela infantil Villa de Vallecas III, que serán los que regirán para todos una vez se vayan agotando y renovando los actuales contratos de las demás escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid.
3. Los padres y madres de familia no hemos sido convocados hasta la fecha por la administración (una representación nuestra), para participar en la toma de decisiones y acordar lo relativo a la esfera de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, como está acordado incluso internacionalmente, en materia de educación: derecho-deber en el que todos tenemos co-responsabilidad, al igual que en lo referente a los derechos de la niñez.
4. Los días 3 y 17 abril, y 21 mayo, los padres y madres de familia, los propios niños y niñas de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid, junto con otros actores de la comunidad educativa, y agentes sociales y culturales, nos hemos concentrado frente a la Consejería de Educación para mostrar nuestro desacuerdo respecto a dicho Decreto, y Clausulas Administrativas, en la medida que consideramos que no atienden los principios, ni se ajustan a los valores y criterios establecidos en la Normativa Internacional de Derechos humanos, en particular la referida a los derechos de la Infancia.
5. Los padres y madres de familia no hemos sido escuchados tras nuestras continuas manifestaciones, ni hemos obtenido ningún resultado. En nuestras concentraciones solo hemos conseguido hasta la fecha que sea movilizado un cuerpo policial armado antidisturbios, lo que es a nuestro entender una medida desproporcionada y temeraria porque estamos concentrándonos con niños y niñas menores de 3 años e incluso bebes.
6. Hasta el día de hoy, hemos esperado una respuesta pública y formal de parte de una autoridad competente en la materia, o del propio gobierno autonómico, en el sentido de examinar, negociar y/o derogar todas aquellas medidas del decreto y de los pliegos que no correspondan a la política progresista de protección y de promoción de los derechos de la infancia a la que España debe estricto cumplimiento por normativa internacional.
Valoración colectiva respecto a las medidas del decreto y las cláusulas administrativas que han de regir en la escuela infantil a la luz de la Normativa Internacional de Derechos de la Infancia
· La medidas son contrarias al principio de Interés Superior de la niñez[1]
Consideramos que las medidas que en la actualidad está tomando la Comunidad de Madrid relativas a la niñez en el ámbito de la educación infantil, son contrarias al principio de Interés Superior del Menor fijado en la normativa internacional de la Infancia como el enfoque para garantizar a los niños/as el pleno disfrute de sus derechos.
Si bien, podemos comprender que es loable y justa la intención de la administración de cubrir a un mayor número de niños/as con este servicio que hoy por hoy es muy demandado por la condición de trabajadores de los padres/madres, valoramos que las disposiciones mencionadas no se apoyan en el ánimo progresista de la normativa que puede resumirse en la siguiente frase: ofrecerle a la niñez siempre lo mejor en todo tiempo y lugar.
Entendemos que el objetivo de éstas medidas sea cumplir el compromiso y deber de aumentar la cobertura, ya que la llegada de nuevos ciudadanos con los flujos migratorios actuales, reclama este servicio porque existe la necesidad legítima del mismo, pero consideramos que su demanda debe cubrirse garantizando y salvaguardando para todos los niños y niñas el pleno ejercicio y goce de sus derechos en su más alta consideración.
No obstante, juzgamos que en las medidas actuales, no se impone este enfoque, ni para los niños y niñas a quienes quiere dárseles acceso por primera vez a la escuela infantil, ni para quienes están ya dentro del sistema, por lo que nos sentimos en la obligación de manifestarlo, haciendo pública y notoria nuestra contrariedad al respecto, y nuestra inconformidad por no haber sido convocados a participar en la toma de decisiones tan importantes para nosotros/as y nuestros hijos e hijas, y para todos los niños y niñas que en el futuro accedan a la educación infantil.
· Contraria al deber de asegurar el bienestar de la infancia[2] y al deber de proteger la niñez contra el descuido o trato negligente[3]
La decisión de ampliación del número de puestos escolares[4], sin exigir al tiempo el aumento de la superficie de las aulas actuales que lo requieren, es contrario al valor y a la dignidad de la niñez, pues dicha medida no asegura su Bienestar Superior, obligación de estricto cumplimiento del Estado y de la sociedad en general.
Valoramos que la medida adoptada en el Decreto a este respecto no es la mejor que puede haberse tomado para resolver el actual déficit de puestos en las escuelas escolares, pues con ella se menoscaba el valor y la dignidad humana de la niñez, pues se exhorta a su hacinamiento, y no a su protección y bienestar en el más alto sentido de éstas palabras.
De otra parte, la disposición de ampliación del número de puestos escolares por unidad escolar, sin una medida que exija reforzar el número del personal que redunde directamente en su bienestar, cuidado y educación, desconoce la obligación del Estado de mejorar en cuanto a cantidad y CALIDAD éstos centros de educación infantil que atienden a los menores de tres años en la primera etapa del sistema educativo.
Todos y todas sabemos que es deber del Estado seleccionar y contar en éstos centros con el personal más competente y capacitado para desempeñar sus funciones y obligaciones educativas y de cuidado, de la forma más dedicada, integra y pedagógica. Que sólo el personal más calificado, con mayor experiencia, conocimientos y competencias, nos puede garantizar que nuestros hijos/as sean atendidos en las necesidades propias de su edad, y estimulados/as de manera educativa para que puedan desarrollar sus capacidades plenamente. Por tanto, nos manifestamos abiertamente en desacuerdo en que la educación infantil pueda llegar a ser gestionada por entidades ajenas a los valores y fines educativos, y que en la adjudicación de dichos centros, tras el proceso de licitación, primen criterios económicos (con los que se precariza el empleo del personal que en la actualidad los educa y cuida) sobre los criterios del proyecto de gestión educativa.
En el mismo sentido, valoramos que la Comunidad de Madrid está desatendiendo su deber de garantizar la adquisición y el mantenimiento en el más alto sentido de la palabra de la competencia profesional de todo el personal que se ocupa de cuidar y de educar a la Infancia, cuando está instando a la gestión de dichos servicios a empresas cuya finalidad no ha sido la educación. La Comunidad de Madrid está desentendiéndose de su deber de fortalecer los programas de escuelas infantiles ya existentes, para qué éstas cada vez consigan alcanzar y promover más sus niveles profesionales y educativos en lo que respecta a método, criterios didácticos y de aprendizaje, contratación y capacitación de personal docente capacitado.
La Comunidad de Madrid está desatendiendo su deber de mantener al personal más competente al frente del cuidado y educación infantil, en la medida en que olvida que sólo este personal por sus conocimientos, experiencias y habilidades es garantía del trato cuidadoso, diligente, conveniente, justo, pedagógico y equitativo que merece la niñez.
Nos sentimos indignados, además de lo anterior expresado, por el hecho que en los nuevos pliegos aparezca que el único requisito que se le pedirá a la persona que lleve la cocina en las escuelas infantiles sea el carnet de manipulador de alimentos, cuando sabemos que uno de los problemas más apremiantes que tenemos que atender como sociedad es el de la obesidad infantil.
De otra parte, nos preguntamos si existe en el ámbito de la Comunidad de Madrid una valoración de los riesgos que supone permitir que a los niños/as se les lleve a espacios ubicados al aire libre por ausencia o no exigencia de éstos espacios dentro de las instalaciones educativas infantiles[5]. Y en caso que se haya valorado, queremos conocer las medidas extraordinarias que se adoptarán para evitar que sufran daños (por ejemplo, mayor limpieza en los parques, recogida más periódica de excrementos de animales, mejor acondicionamiento de instalaciones y equipos de acorde a las diferentes edades infantiles, mayor vigilancia de autoridades competentes en dichos lugares por factores tales como pederastas, etc.)
* Contrario al reconocimiento de los niños/as como sujetos activos de derechos y a la obligación del estado de proteger la familia
Valoramos que los nuevos pliegos de clausulas administrativas que han de regir en los contratos de gestión de servicio público educativo de la escuela infantil, no reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derechos, tal y como es su dignidad, pues los trata como a meros objetos a guardar, en la medida en que amplía el horario de la Escuela Infantil sin atender con otras medidas sociales, administrativas o legislativas, las necesidades y derechos de los niños de vivir una vida familiar plena, que solo es posible con la conciliación de la vida laboral con la familiar.
Si bien es cierto que existe directrices y acciones pensadas en ese sentido en el actual Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009[6], las mismas no se están implementando en la actualidad, y menos de forma integral, para favorecer verdaderamente los derechos de la niñez.
* Contrario al criterio de asignar los recursos hasta el máximo de las posibilidades[7]
Por último, nos preguntamos si la Comunidad de Madrid está verdaderamente haciendo el mayor esfuerzo por suministrar suficientes fondos y recursos de todo tipo para prestar los servicios adecuados para la educación infantil a los niños menores de 3 años. Advertimos que no existe esa voluntad, porque de existir se estarían abriendo más centros de educación infantil y mejorando con inversión en todos los sentidos el nivel de los actuales, y no buscando como ahora una estrategia para conseguir abaratar la educación.
Las medidas actuales son contrarias al propio fundamento filosófico del actual Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, que en sí mismo, representa la política global de la nación respecto a Infancia, ya que en el mismo se expresa, que para conseguir los objetivos del Plan: “es necesario recapitular sobre la necesidad y beneficios de la inversión social en la infancia. La inversión social en infancia es, precisamente, aquella que presenta mayores efectos positivos extendidos al conjunto de la sociedad. Tiene efectos significativos sobre el desarrollo económico y social de un país y es también una herramienta estratégica para romper el círculo vicioso de la pobreza y reducir las desigualdades”.
Por último, nos preguntamos si con el decreto de mínimos y los pliegos de la Comunidad de Madrid, no se configura agravio comparativo respecto a otras comunidades.
Por lo anterior SOLICITAMOS:
1. Que nuestra actual valoración sea atendida como una queja, y que se dé respuesta a la misma dentro de los plazos fijados para ello.
2. Que nos sea concedida de inmediato una reunión con las autoridades competentes en la materia para expresarle nuestra actual valoración a través de un grupo de padres y madres que nos represente.
3. Que sea derogado el decreto por otro que contemple el respeto de los principios y preceptos solicitados que son de obligatorio cumplimiento para el país en todos sus estamentos y ámbitos.
4. Que se establezca un proceso de renegociación del decreto de mínimos y de los pliegos de clausulas administrativas en el que participemos comisiones de todos los actores educativos, incluidos los padres y madres de familia.
Fuente: http://recuperarmadrid.blogspot.com/
Muy señor mío:
Por lo que a continuación exponemos, los padres y madres de familia de la Escuela Infantil Pública Los Gorriones, con el apoyo de la asociación Acuerdo Intercultural, nos hemos visto en la necesidad de reunirnos y acordar la presentación de nuestra siguiente valoración colectiva respecto a las medidas relativas a la educación infantil adoptadas en los últimos meses por la Comunidad de Madrid.
Exposición de hechos
1. El miércoles 12 de marzo de 2008 fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el DECRETO 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2. En el mes de abril de 2008 se publicaron los pliegos de las clausulas administrativas particulares que han de regir en el contrato titulado gestión de servicio público educativo de la escuela infantil Villa de Vallecas III y el pliego de prescripciones técnicas que ha de regir en el contrato plurianual de gestión del servicio educativo público de la escuela infantil Villa de Vallecas III, que serán los que regirán para todos una vez se vayan agotando y renovando los actuales contratos de las demás escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid.
3. Los padres y madres de familia no hemos sido convocados hasta la fecha por la administración (una representación nuestra), para participar en la toma de decisiones y acordar lo relativo a la esfera de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, como está acordado incluso internacionalmente, en materia de educación: derecho-deber en el que todos tenemos co-responsabilidad, al igual que en lo referente a los derechos de la niñez.
4. Los días 3 y 17 abril, y 21 mayo, los padres y madres de familia, los propios niños y niñas de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid, junto con otros actores de la comunidad educativa, y agentes sociales y culturales, nos hemos concentrado frente a la Consejería de Educación para mostrar nuestro desacuerdo respecto a dicho Decreto, y Clausulas Administrativas, en la medida que consideramos que no atienden los principios, ni se ajustan a los valores y criterios establecidos en la Normativa Internacional de Derechos humanos, en particular la referida a los derechos de la Infancia.
5. Los padres y madres de familia no hemos sido escuchados tras nuestras continuas manifestaciones, ni hemos obtenido ningún resultado. En nuestras concentraciones solo hemos conseguido hasta la fecha que sea movilizado un cuerpo policial armado antidisturbios, lo que es a nuestro entender una medida desproporcionada y temeraria porque estamos concentrándonos con niños y niñas menores de 3 años e incluso bebes.
6. Hasta el día de hoy, hemos esperado una respuesta pública y formal de parte de una autoridad competente en la materia, o del propio gobierno autonómico, en el sentido de examinar, negociar y/o derogar todas aquellas medidas del decreto y de los pliegos que no correspondan a la política progresista de protección y de promoción de los derechos de la infancia a la que España debe estricto cumplimiento por normativa internacional.
Valoración colectiva respecto a las medidas del decreto y las cláusulas administrativas que han de regir en la escuela infantil a la luz de la Normativa Internacional de Derechos de la Infancia
· La medidas son contrarias al principio de Interés Superior de la niñez[1]
Consideramos que las medidas que en la actualidad está tomando la Comunidad de Madrid relativas a la niñez en el ámbito de la educación infantil, son contrarias al principio de Interés Superior del Menor fijado en la normativa internacional de la Infancia como el enfoque para garantizar a los niños/as el pleno disfrute de sus derechos.
Si bien, podemos comprender que es loable y justa la intención de la administración de cubrir a un mayor número de niños/as con este servicio que hoy por hoy es muy demandado por la condición de trabajadores de los padres/madres, valoramos que las disposiciones mencionadas no se apoyan en el ánimo progresista de la normativa que puede resumirse en la siguiente frase: ofrecerle a la niñez siempre lo mejor en todo tiempo y lugar.
Entendemos que el objetivo de éstas medidas sea cumplir el compromiso y deber de aumentar la cobertura, ya que la llegada de nuevos ciudadanos con los flujos migratorios actuales, reclama este servicio porque existe la necesidad legítima del mismo, pero consideramos que su demanda debe cubrirse garantizando y salvaguardando para todos los niños y niñas el pleno ejercicio y goce de sus derechos en su más alta consideración.
No obstante, juzgamos que en las medidas actuales, no se impone este enfoque, ni para los niños y niñas a quienes quiere dárseles acceso por primera vez a la escuela infantil, ni para quienes están ya dentro del sistema, por lo que nos sentimos en la obligación de manifestarlo, haciendo pública y notoria nuestra contrariedad al respecto, y nuestra inconformidad por no haber sido convocados a participar en la toma de decisiones tan importantes para nosotros/as y nuestros hijos e hijas, y para todos los niños y niñas que en el futuro accedan a la educación infantil.
· Contraria al deber de asegurar el bienestar de la infancia[2] y al deber de proteger la niñez contra el descuido o trato negligente[3]
La decisión de ampliación del número de puestos escolares[4], sin exigir al tiempo el aumento de la superficie de las aulas actuales que lo requieren, es contrario al valor y a la dignidad de la niñez, pues dicha medida no asegura su Bienestar Superior, obligación de estricto cumplimiento del Estado y de la sociedad en general.
Valoramos que la medida adoptada en el Decreto a este respecto no es la mejor que puede haberse tomado para resolver el actual déficit de puestos en las escuelas escolares, pues con ella se menoscaba el valor y la dignidad humana de la niñez, pues se exhorta a su hacinamiento, y no a su protección y bienestar en el más alto sentido de éstas palabras.
De otra parte, la disposición de ampliación del número de puestos escolares por unidad escolar, sin una medida que exija reforzar el número del personal que redunde directamente en su bienestar, cuidado y educación, desconoce la obligación del Estado de mejorar en cuanto a cantidad y CALIDAD éstos centros de educación infantil que atienden a los menores de tres años en la primera etapa del sistema educativo.
Todos y todas sabemos que es deber del Estado seleccionar y contar en éstos centros con el personal más competente y capacitado para desempeñar sus funciones y obligaciones educativas y de cuidado, de la forma más dedicada, integra y pedagógica. Que sólo el personal más calificado, con mayor experiencia, conocimientos y competencias, nos puede garantizar que nuestros hijos/as sean atendidos en las necesidades propias de su edad, y estimulados/as de manera educativa para que puedan desarrollar sus capacidades plenamente. Por tanto, nos manifestamos abiertamente en desacuerdo en que la educación infantil pueda llegar a ser gestionada por entidades ajenas a los valores y fines educativos, y que en la adjudicación de dichos centros, tras el proceso de licitación, primen criterios económicos (con los que se precariza el empleo del personal que en la actualidad los educa y cuida) sobre los criterios del proyecto de gestión educativa.
En el mismo sentido, valoramos que la Comunidad de Madrid está desatendiendo su deber de garantizar la adquisición y el mantenimiento en el más alto sentido de la palabra de la competencia profesional de todo el personal que se ocupa de cuidar y de educar a la Infancia, cuando está instando a la gestión de dichos servicios a empresas cuya finalidad no ha sido la educación. La Comunidad de Madrid está desentendiéndose de su deber de fortalecer los programas de escuelas infantiles ya existentes, para qué éstas cada vez consigan alcanzar y promover más sus niveles profesionales y educativos en lo que respecta a método, criterios didácticos y de aprendizaje, contratación y capacitación de personal docente capacitado.
La Comunidad de Madrid está desatendiendo su deber de mantener al personal más competente al frente del cuidado y educación infantil, en la medida en que olvida que sólo este personal por sus conocimientos, experiencias y habilidades es garantía del trato cuidadoso, diligente, conveniente, justo, pedagógico y equitativo que merece la niñez.
Nos sentimos indignados, además de lo anterior expresado, por el hecho que en los nuevos pliegos aparezca que el único requisito que se le pedirá a la persona que lleve la cocina en las escuelas infantiles sea el carnet de manipulador de alimentos, cuando sabemos que uno de los problemas más apremiantes que tenemos que atender como sociedad es el de la obesidad infantil.
De otra parte, nos preguntamos si existe en el ámbito de la Comunidad de Madrid una valoración de los riesgos que supone permitir que a los niños/as se les lleve a espacios ubicados al aire libre por ausencia o no exigencia de éstos espacios dentro de las instalaciones educativas infantiles[5]. Y en caso que se haya valorado, queremos conocer las medidas extraordinarias que se adoptarán para evitar que sufran daños (por ejemplo, mayor limpieza en los parques, recogida más periódica de excrementos de animales, mejor acondicionamiento de instalaciones y equipos de acorde a las diferentes edades infantiles, mayor vigilancia de autoridades competentes en dichos lugares por factores tales como pederastas, etc.)
* Contrario al reconocimiento de los niños/as como sujetos activos de derechos y a la obligación del estado de proteger la familia
Valoramos que los nuevos pliegos de clausulas administrativas que han de regir en los contratos de gestión de servicio público educativo de la escuela infantil, no reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derechos, tal y como es su dignidad, pues los trata como a meros objetos a guardar, en la medida en que amplía el horario de la Escuela Infantil sin atender con otras medidas sociales, administrativas o legislativas, las necesidades y derechos de los niños de vivir una vida familiar plena, que solo es posible con la conciliación de la vida laboral con la familiar.
Si bien es cierto que existe directrices y acciones pensadas en ese sentido en el actual Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009[6], las mismas no se están implementando en la actualidad, y menos de forma integral, para favorecer verdaderamente los derechos de la niñez.
* Contrario al criterio de asignar los recursos hasta el máximo de las posibilidades[7]
Por último, nos preguntamos si la Comunidad de Madrid está verdaderamente haciendo el mayor esfuerzo por suministrar suficientes fondos y recursos de todo tipo para prestar los servicios adecuados para la educación infantil a los niños menores de 3 años. Advertimos que no existe esa voluntad, porque de existir se estarían abriendo más centros de educación infantil y mejorando con inversión en todos los sentidos el nivel de los actuales, y no buscando como ahora una estrategia para conseguir abaratar la educación.
Las medidas actuales son contrarias al propio fundamento filosófico del actual Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, que en sí mismo, representa la política global de la nación respecto a Infancia, ya que en el mismo se expresa, que para conseguir los objetivos del Plan: “es necesario recapitular sobre la necesidad y beneficios de la inversión social en la infancia. La inversión social en infancia es, precisamente, aquella que presenta mayores efectos positivos extendidos al conjunto de la sociedad. Tiene efectos significativos sobre el desarrollo económico y social de un país y es también una herramienta estratégica para romper el círculo vicioso de la pobreza y reducir las desigualdades”.
Por último, nos preguntamos si con el decreto de mínimos y los pliegos de la Comunidad de Madrid, no se configura agravio comparativo respecto a otras comunidades.
Por lo anterior SOLICITAMOS:
1. Que nuestra actual valoración sea atendida como una queja, y que se dé respuesta a la misma dentro de los plazos fijados para ello.
2. Que nos sea concedida de inmediato una reunión con las autoridades competentes en la materia para expresarle nuestra actual valoración a través de un grupo de padres y madres que nos represente.
3. Que sea derogado el decreto por otro que contemple el respeto de los principios y preceptos solicitados que son de obligatorio cumplimiento para el país en todos sus estamentos y ámbitos.
4. Que se establezca un proceso de renegociación del decreto de mínimos y de los pliegos de clausulas administrativas en el que participemos comisiones de todos los actores educativos, incluidos los padres y madres de familia.
Fuente: http://recuperarmadrid.blogspot.com/
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