Excelentísimo señor Gabilondo:
Desde su ministerio se está promoviendo un pacto social y político por la educación. En dicho pacto, y según sus palabras, "la sociedad española y la comunidad educativa tiene que ser protagonista mediante la realización de propuestas y la puesta en práctica de medidas".
Antes de la elaboración y la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) por el Congreso, desde su ministerio se promovió un debate que permitió la participación de diferentes colectivos y de ciudadanos particulares. Entre estos canales se encontraba la web debateeducativo.mec.es que permitía a la comunidad educativa y a la sociedad en general estar informada sobre las aportaciones al debate y la participación a través de las diferentes convocatorias y en el foro de la web.
Dicho debate pretendía recoger el mayor número de propuestas de manera que se llegará a una ley consensuada y que diera estabilidad normativa a nuestro sistema escolar.
El problema es que dio lugar a una ley que permite a cada Comunidad Autónoma tomar las medidas oportunas en función de su política educativa, dando lugar a diferencias significativas entre unas Comunidades Autónomas y otras, lo que se aleja de dar una respuesta equitativa a cada uno de los estudiantes de las diferentes Comunidades.
A modo de ejemplo nos encontramos, que en el desarrollo normativo de la LOE, en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, se establece como contenido “las administraciones como garantes de los servicios públicos” y, sin embargo, en el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, destaca como parte de los contenidos “Las administraciones y su papel al servicio de los intereses generales”. Dos formas muy diferentes de ver el papel de las administraciones a la hora de dotar de servicios a los ciudadanos y de los servicios públicos.
Durante la tramitación parlamentaria de la LOE se realizaron diferentes movilizaciones de grupos y colectivos conservadores que exigían la retirada de la Ley y pedían un pacto de estado por la educación.
Por otro lado, las conclusiones del informe PISA realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) no deja en buen lugar al sistema escolar español, pero tenemos que recordar que la OCDE es una organización que reúne a los gobiernos de diferentes países comprometidos con la economía de mercado y con el crecimiento del mercado mundial, por lo que los objetivos educativos de esta organización están destinados a conseguir dichos compromisos.
Según el Ministerio de Educación, el acuerdo social y político es una demanda de nuestra sociedad para reducir las tasas de abandono y el fracaso escolar, pero la apertura de este proceso para un pacto educativo responde a las exigencias de los grupos conservadores, que rechazan la LOE, y a las exigencias de la OCDE para hacer a nuestro capital humano más competitivo en el mercado global. Dejando de lado aspectos tan importantes como la educación para ejercer la ciudadanía de manera responsable en sociedades democráticas y plurales.
Si el acuerdo educativo es una demanda de nuestra sociedad y la comunidad educativa tiene que ser protagonista activa de este acuerdo, se echan en falta desde su ministerio canales que permitan a la ciudadanía acceder a la información sobre el proceso y a la participación en dicho acuerdo como ya ocurrió en el debate anterior a la aprobación de la LOE, cómo profesional de la educación se echan en falta mecanismos que permitan la participación en el proceso de las diferentes comunidades escolares de España, de manera que se puedan considerar las diversas propuestas de las diferentes comunidades escolares. De esta manera estamos realizando una recopilación de documentos relacionados con el pacto político y social por la educación y hemos creado un foro donde las comunidades escolares y los ciudadanos en particular puedan expresar sus propuestas al debate en torno al pacto político y social por la educación.
El proceso que está en curso para un pacto educativo puede que de lugar a un pacto educativo de carácter político, pero es difícil que de lugar a un pacto social por la educación puesto que las comunidades escolares y los ciudadanos están viviendo de manera indirecta y como meros espectadores el proceso político para un pacto por la educación.
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