AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR, Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR, Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS
(Educación para la ciudadanía y objeción de conciencia:
una invitación a la prudencia)

El interrogante central de la democracia es si queremos y si
podemos participar en la vida en comunidad. Quererlo, no lo
olvidemos, depende del sentido de responsabilidad de cada uno.
(Jacques Delors)

La iniciativa de promover la objeción de conciencia de los padres y madres a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) supone un acontecimiento sin precedentes en el ámbito educativo español. Sí los tiene en otros países, notablemente en Estados Unidos, donde éste es el modo habitual de actuar de muchos grupos de presión. Estamos, pues, ante un hecho que trasciende el marco de la asignatura en cuestión y que puede afectar al modo de hacer política educativa en nuestro país en las próximas décadas. Ni a los educadores, ni a las familias, ni a las administraciones públicas, ni por supuesto, a los propios alumnos, les interesa tomar este tema a la ligera. La importancia que le atribuimos a este acontecimiento no tiene que ver tanto con sus consecuencias inmediatas, que todavía no son perceptibles dado que las asignaturas no han comenzado a impartirse, como con las razones en las que se ampara esa objeción. El esfuerzo realizado por las entidades promotoras para racionalizar la decisión de los padres pone de manifiesto una concepción de las relaciones entre las familias, el Estado, los centros educativos y el profesorado, sobre la que conviene reflexionar. Ante la controversia suscitada, el Proyecto Atlántida, que había apostado por el principio de “Ciudadanía mucho más que una asignatura”, entendiendo la tarea de educar ciudadanos en el marco de las ocho competencias básicas que la LOE recoge, desea contribuir con algunas líneas al debate.

Las organizaciones promotoras de esta iniciativa se oponen a dos decisiones distintas, aunque estrechamente relacionadas. En primer lugar, se oponen a la decisión, adoptada en la Ley Orgánica de Educación, de considerar obligatoria la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En segundo lugar, se oponen al tratamiento educativo que el MEC ha dado a esta asignatura en los decretos de enseñanzas mínimas (objetivos, contenidos y criterios de evaluación, que ahora tendrán que completar las Comunidades Autónomas) al entender que supondría una discriminación para la asignatura de Religión Católica.

El desacuerdo con ambas decisiones se plantea a las familias de los estudiantes menores de edad que asisten a la enseñanza obligatoria en términos de dilema moral: cumplir el deber legal de facilitar la asistencia a la enseñanza obligatoria, aunque ello suponga que sus hijos conozcan la existencia de otras formas de moralidad distintas a la propia, o cumplir el deber moral de formar la conciencia de sus hijos en aquello que se considera una buena vida según la doctrina católica. Este dilema no implica un conflicto entre las familias y el Estado; supone un conflicto sólo para las personas que comparten pertenencia a dos comunidades: la sociedad civil y la comunidad de creyentes de la Iglesia Católica. No estaría de más recordar aquí las sabias orientaciones que el Concilio Vaticano II ofreció a sus fieles para que aprendieran a desligar cuidadosamente los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que tienen como miembros de la sociedad. Pero, con ser importante, no es la oposición a esas decisiones lo que nos inquieta, ni tampoco que esa oposición adopte la forma de un conflicto moral, sino las razones en las que se fundamentan y las implicaciones a que dichas razones dan lugar. Nuestras preocupaciones podrían formularse brevemente como sigue:

(1) Se afirma la legitimidad de las familias para oponerse a que sus hijos(as) cursen cualquiera de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía negando la legitimidad del Estado para regular cualquier tipo de enseñanza que afecte a la formación de la conciencia moral. Con ello, se ignora activamente el derecho y el deber del Estado a la formación de los ciudadanos (en su moralidad y en todos los demás aprendizajes necesarios para ejercer activamente la ciudadanía) para garantizar una convivencia democrática, independientemente de sus creencias, etnia, lengua o ideología. Y esa formación, garante de la cohesión social a que aspira cualquier Estado moderno y respetuoso de los derechos humanos, debe recogerse en el curriculum escolar básico y obligatorio.

(2) Este pretendido conflicto de legitimidades no deja lugar para la reflexión sobre el amplio conjunto de problemas que han hecho de la educación para la ciudadanía una preocupación compartida por todos los países miembros de la Unión Europea.

(3) La grave acusación de adoctrinamiento que atribuye a las personas que han aprobado la LOE (el gobierno español y todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular) así como a las entidades responsables de su posterior desarrollo (las administraciones públicas, incluidas aquellas en las que el Partido Popular ostenta la responsabilidad, los centros educativos, las editoriales y, sobre todo, el profesorado) constituye un juicio de intenciones que puede contribuir a sembrar la desconfianza sobre el funcionamiento del sistema educativo.

(4) La objeción de conciencia de los padres, que puede resultar legítima, estaría sin embargo amparando la objeción de los centros educativos, tanto privados como públicos, y del profesorado. Esta objeción merecería una justificación diferenciada, dado que la cuestión está relacionada con la libertad de enseñanza y no con una posible salvaguarda de la conciencia moral. En todo caso, es evidente que las entidades promotoras de la objeción no lo han entendido así dado que no se han molestado en realizarla.

(5) El movimiento por la objeción de conciencia de los padres podría romper con una firme tradición educativa que hacía depender la mejora de la educación del entendimiento y la colaboración entre los centros educativos y las familias. Este compromiso supone una oportunidad para constituir escuelas democráticas como comunidades de aprendizaje que, por su propio interés, serían la base para la formación de una recta conciencia moral.

Finalmente,
(6) la forma en la que se han hilvanado las razones para promover la objeción de conciencia (un conjunto de argumentarios, así como modelos de documentos dirigidos a la dirección de centros educativos, etc.) ponen de manifiesto una mayor preocupación por hacer efectiva la decisión que por animar un proceso deliberativo que alumbre la conciencia de las familias sobre el recto proceder.

La situación creada con el dilema moral de Educación para y en la ciudadanía se parece cada vez más a la que tuvo que hacer frente el propio Jesucristo cuando tuvo que responder al dilema envenenado que le planteaba un avispado:¿debo obedecer a Dios o al Cesar? La respuesta de Jesús ha dado para muchos tratados, y conviene no olvidarla: “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Lo que, traducido a nuestro caso, podría significar lo siguiente: los deberes derivados de la legalidad y los deberes derivados de la moralidad pueden conciliarse y, por tanto, más que resolver el dilema lo que convendría hacer es disolverlo. Por cierto, no podemos resistirnos a hacer una pregunta: ¿si durante décadas las escuelas han estado formando moralmente a nuestros hijos e hijas, cuándo se han tornado inconciliables la formación como ciudadano y la formación como creyente? El Proyecto Atlántida (proyecto-atlantida.org) considera que nos encontramos en momentos más necesitados de reflexiones que de confrontaciones, y sigue apostando por un debate social y educativo que permita encuentros de intereses comunes para la construcción de la ciudadanía democrática.


Equipo del Proyecto Atlántida y colaboradores: Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica Universidad de Granada; Jose Moya Otero, profesor titular Métodos investigación , Universidad de Las Palmas; Juan Manuel Escudero Muñoz, Catedrático Didáctica, Murcia; Amador Guarro, catedrático Didáctica, La Laguna;; Rafael Feito, sociólogo, Universidad Complutense, Madrid; Juan Manuel Moreno, UNED y Banco Mundial, Florencio Luengo Horcajo, coordinador general Atlántida; coordinadores y miembros de seminarios en La Laguna, Las Palmas, Granada, Sevilla, Cádiz, Valencia, Madrid; y las colaboraciones de Ramón Flecha-, catedrático de sociología, Universidad de Barcelona; Miguel Ángel Santos Guerra, Catedrático de Didáctica, Universidad de Málaga entre otros.