EDUCACIÓN BASADA EN LA LIBERTAD Y EN LA CALIDAD
Nuestros principios en Educación se asientan sobre tres pilares: libertad de elección, mejora de la calidad e igualdad de oportunidades. Ha llegado el momento de superar fallidos dogmas y recuperar los valores del esfuerzo, el mérito y la dedicación.
Es necesario que los padres tengan libertad para elegir el tipo de centro en el que quieren escolarizar a sus hijos: sea público, concertado o privado.
La igualdad de oportunidades se basa en que todos los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, donde sus logros académicos dependan exclusivamente de su talento y trabajo.
HECHOS
• El Gobierno de Esperanza Aguirre ha invertido 1.219 millones de euros en infraestructuras educativas, lo que ha permitido la construcción de 374 centros educativos, más de uno por semana.
• Hemos creado 276 colegios públicos bilingües, 64 institutos bilingües y 91 centros concertados bilingües.
• Hemos puesto en marcha los primeros 15 institutos de innovación tecnológica.
• Las escuelas infantiles públicas han tenido una especial atención en los últimos años: Se han creado 23.000 nuevas plazas y se han incrementado hasta 31.000 los cheques guardería para ayudar a las familias con niños menores de 3 años.
• El respeto, la consideración y prestigio social del profesor son indispensables para el sistema educativo. Por ello, hemos aprobado la Ley de autoridad del profesor, que le otorga la categoría de autoridad pública.
• Hemos incrementado el número de plazas de Formación Profesional en 12.500, un 32% de incremento.
• Hemos impulsado la concesión de Campus de Excelencia para las universidades madrileñas: de las 7 universidades que lograron la máxima distinción, 4 son madrileñas.
• Hemos creado 8 Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA).
FUENTE: Programa electoral del PP de Madrid
EDUCAR ES INVERTIR EN FUTURO
La educación es uno de los principales pilares en los que apoyamos nuestro proyecto transformador de la sociedad y sin duda supone uno de los mejores instrumentos para corregir las desigualdades que aún hoy persisten y para lograr una sociedad más libre, justa y cohesionada.
En la sociedad del conocimiento, la educación, la ciencia y la innovación son la base sólida desde la que se impulsan los avances colectivos. De hecho, los países más desarrollados y prósperos de Europa cuentan con los mejores sistemas de enseñanza y de investigación y con los sistemas productivos más innovadores.
La Comunidad de Madrid ha de convertirse en una de las principales capitales del conocimiento y ha de liderar el impulso para lograr que la economía europea se asiente sobre el conocimiento y la sostenibilidad, sobre el empleo de calidad y la cohesión social. En definitiva, Madrid ha de activar una Europa en la que las personas puedan desarrollar al máximo sus capacidades individuales y sociales.
Para alcanzar este objetivo hay que garantizar la máxima calidad educativa, asegurar la equidad con más recursos a los que más los necesitan y compensar, de este modo, las desigualdades socioeconómicas, culturales o familiares. Porque una región rica, como lo es la madrileña, no puede permitir un sistema educativo pobre e injusto para sus ciudadanos.
A pesar de que Madrid cuenta con la mayor densidad universitaria y científica de España –un potencial insuficientemente explotado- los datos más recientes vinculados con el I+D+i regional muestran síntomas evidentes de ralentización en este apartado, máxime si las cifras se comparan con las alcanzadas por otras comunidades autónomas.
El Gobierno de España, junto con los de otras regiones, han priorizado la educación, la ciencia y la innovación. Por el contrario, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha reducido el presupuesto regional en este ámbito- por ejemplo, en 2011 ha reducido un 10% el presupuesto y a lo largo de la legislatura ha recortado en más de 2.500 el número de profesores- y ha abandonado lo público en beneficio de lo privado, dos maniobras políticas que perjudican seriamente la calidad educativa, quiebran la igualdad de oportunidades y afectan a la competitividad del sector productivo.
Para los socialistas madrileños, la educación constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar y, por esta razón, entendemos que es una forma más de servicio público y social que no debe regirse por los mecanismos del mercado ni tampoco por criterios exclusivamente de rentabilidad económica, sino que el derecho de todos a la educación ha de garantizarse desde los criterios de:
- Igualdad para compensar las desigualdades de origen.
- Equidad para llevar a cabo una distribución equitativa en el acceso del alumnado entre los distintos centros docentes y, en el interior de los centros educativos, atender a la diversidad del alumnado.
-Calidad para conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades.
FUENTE: Programa electoral del PSM
Las políticas educativas que los Gobiernos del Partido Popular han llevado a cabo durante 16 años en la Comunidad han abocado a la educación madrileña a una crisis que está afectando a aspectos estructurales del sistema educativo español. La situación se ha agudizado en su última legislatura, en la que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha abanderado su particular “revolución conservadora”, caracterizada por la privatización de la educación, la desregulación del sistema, los recortes presupuestarios, la diferenciación de centros y la segregación del alumnado, provocando una situación de caos, malestar y crispación, elementos que conforman también el panorama educativo madrileño en los últimos años.
Las consecuencias directas han supuesto un importante retroceso en las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación por parte del alumnado: menos inversión en la educación pública; menos medidas de atención a la diversidad; menos profesorado, menos programas de compensación y aulas de enlace; menos plazas de FP; menos dinero para becas y ayudas; menos participación y menos control social. En definitiva, un fuerte retroceso en la equidad del sistema educativo madrileño y un retroceso también en las condiciones laborales del profesorado y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo.
El Gobierno del PP madrileño ha supeditado el interés general a los intereses privados y en nombre del libre mercado ha mercantilizado un bien esencial como es la educación, instrumento esencial para la cohesión social, en un campo para el negocio y para el control ideológico. Así, utilizando su particular concepto de liberalismo a la carta, la política educativa del PP en los últimos años ha consistido básicamente en desmontar programadamente la educación pública a la vez de dar un fuerte impulso a las políticas privatizadoras, política que la gestión cotidiana del Gobierno regional ha ejecutado desde posiciones cada vez más radicales. Con la falacia de “libertad de elección de centro”, ha procedido a la ampliación indiscriminada de conciertos educativos por toda la Comunidad Autónoma, valiéndose para ello de estrategias como la cesión de suelo público para la construcción de centros privados que nacen ya concertados. El Gobierno de Aguirre, en sus ansias privatizadoras, ha llegado a límites insospechados, como fue la venta del colegio público Miguel Ángel Blanco, del municipio de El Álamo, mediante un proceso condenado por los propios Tribunales de Justicia.
Pero Esperanza Aguirre no solo ha gobernado para favorecer intereses empresariales ajenos al interés público, ha roto en esta legislatura con una característica que venía dándose en la Comunidad de Madrid desde que esta asumió las transferencias: la cultura del acuerdo como forma de hacer su política educativa. Así, con un desprecio absoluto a las organizaciones y entidades firmantes, ha roto unilateralmente todos los compromisos y acuerdos firmados, tanto el Acuerdo para la Mejora de la Calidad para la enseñanza no universitaria como los Acuerdos con las Universidades Públicas Madrileñas: el Plan de Financiación y el Plan de Inversiones, inaugurando de forma autoritaria una nueva fórmula de hacer política: la de la imposición y el sectarismo.
El Gobierno del PP madrileño, en plena crisis, abandona a la educación pública. Coincidiendo con “la legislatura de la crisis”, el Gobierno regional ha despreciado la educación madrileña y coloca a la Comunidad de Madrid en el furgón de cola en cuanto al esfuerzo presupuestario que le dedica de su PIB, en el presupuesto de 2011 tan solo un 1,74%, a mucha diferencia de la media española, situada en el 3,91%, quedando las ciudadanas y ciudadanos de Madrid en clara desventaja.
La inversión educativa de la Comunidad de Madrid se ha reducido drásticamente entre el año 2007 y el 2011. Sin embargo, el recorte presupuestario no se ha distribuido por igual entre las dos redes sostenidas con fondos públicos. En ese mismo periodo, las partidas destinadas a conciertos han experimentado un crecimiento del 14,73%.
Esa política presupuestaria desreguladora, desequilibrada e injusta a favor de la enseñanza privada ha repercutido exclusivamente sobre las partidas destinadas a la enseñanza pública lo que, entre otras cosas, ha impedido la construcción de los centros educativos que se están necesitando y el abandono de infraestructuras, además de fuertes recortes en las plantillas del profesorado1 y de las medidas de apoyo y de atención a la diversidad del alumnado; supresión de bachilleratos nocturnos; falta de plazas en Formación Profesional; abandono de la educación para las personas adultas; desmantelamiento de los centros de formación docente. Fuertes recortes en educación que, sin embargo, han ido acompañados con un gran aumento de las partidas destinadas a las privatizaciones y desgravaciones fiscales por gastos educativos de la que se benefician las familias que optan por la enseñanza privada, y con una política de becas injusta y regresiva que favorece a las familias que no lo necesitan en perjuicio de las que más falta les hace.
La educación, medida fundamental para enfrentar la crisis. Existe un consenso en todos los países –y también precedentes en épocas de crisis pasadas– en reconocer que el papel de la educación frente a la crisis económica es fundamental. Efectivamente, IU-CM está convencida de que la educación tiene un papel muy importante que jugar en la alternativa social a la crisis. El cambio de modelo productivo pasa por la disminución del uso intensivo de una mano de obra sin cualificar y por el incremento de la presencia en los centros de trabajadores con media y alta cualificación. Esto significa más y mejor educación en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta la Universidad, incremento en la escolarización de las enseñanzas postobligatorias, de la Formación Profesional, de la educación para las personas adultas, de la educación a distancia y de los programas de cualificación profesional inicial; sin embargo, la política educativa desarrollada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a lo largo de la legislatura 2007-2011 ha ido en dirección contraria.
Como colofón a la situación de la educación madrileña, las últimas medidas anunciadas por el Gobierno del PP madrileño: la diferenciación y especialización de centros, la “cesión” por parte de la Administración Pública de las competencias del currículo escolar dejándola en manos de los centros, junto la introducción de modelos de excelencia en bachillerato constituyen un nuevo paradigma educativo que el Gobierno del PP está imponiendo en esta Comunidad, medidas que en su conjunto suponen un grave retroceso en la concepción democrática del sistema educativo y en los valores que lo sustentan, retroceso que, incomprensiblemente, se está produciendo con total impunidad por parte del Ministerio de Educación. En definitiva, la política educativa del PP en la Comunidad de Madrid ha tenido un claro objetivo, minar la educación como servicio público y como derecho universal para todos los ciudadanos y ciudadanas.
FUENTE: Programa IU - CM
La educación española no está a la altura de lo que le corresponde, ni por el grado de desarrollo económico del país, ni por lo que demandan los ciudadanos. En ocasiones se atribuyen los malos resultados a los cambios en la sociedad y a la presencia de emigrantes. Sin negar la importancia de esos factores, pensamos que la causa de la situación está en que las leyes educativas han resultado fallidas, al haber impuesto un modelo pedagógico que no valora ni el esfuerzo, ni el aprendizaje, ni la excelencia ni la responsabilidad.
En nuestra Comunidad, la Administración ha abandonado a su suerte a muchos centros públicos de enseñanza y a sus alumnos, principales víctimas de la aplicación las leyes educativas. Se ha abierto una brecha entre los centros de gestión privada y los de gestión pública que el gobierno de la Comunidad no parece dispuesto a cerrar, más interesado por una red pública subsidiaria donde marginar alumnos procedentes de familias desfavorecidas o de problemática integración cultural
En Unión Progreso y Democracia defendemos un sistema educativo laico y de calidad, asentado sobre el saber, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades, en el que los poderes públicos prestan especial atención a la educación pública de la que son responsables. UPyD lucha por la igualdad, entendida ésta como igualdad de derechos y oportunidades, lo cual significa que todos deben beneficiarse de la educación obligatoria. Pero somos contrarios a la igualación por abajo, que obliga a rebajar los niveles de calidad y perjudica, sobre todo, a los estudiantes de familias de menor renta, a quienes se les hurta la única oportunidad que tienen de adquirir una formación sólida.
Para lograr estos objetivos y para garantizar un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, proponemos la devolución al Estado de las competencias en educación.
FUENTE: Programa electoral Comunidad de Madrid
Nuestros principios en Educación se asientan sobre tres pilares: libertad de elección, mejora de la calidad e igualdad de oportunidades. Ha llegado el momento de superar fallidos dogmas y recuperar los valores del esfuerzo, el mérito y la dedicación.
Es necesario que los padres tengan libertad para elegir el tipo de centro en el que quieren escolarizar a sus hijos: sea público, concertado o privado.
La igualdad de oportunidades se basa en que todos los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, donde sus logros académicos dependan exclusivamente de su talento y trabajo.
HECHOS
• El Gobierno de Esperanza Aguirre ha invertido 1.219 millones de euros en infraestructuras educativas, lo que ha permitido la construcción de 374 centros educativos, más de uno por semana.
• Hemos creado 276 colegios públicos bilingües, 64 institutos bilingües y 91 centros concertados bilingües.
• Hemos puesto en marcha los primeros 15 institutos de innovación tecnológica.
• Las escuelas infantiles públicas han tenido una especial atención en los últimos años: Se han creado 23.000 nuevas plazas y se han incrementado hasta 31.000 los cheques guardería para ayudar a las familias con niños menores de 3 años.
• El respeto, la consideración y prestigio social del profesor son indispensables para el sistema educativo. Por ello, hemos aprobado la Ley de autoridad del profesor, que le otorga la categoría de autoridad pública.
• Hemos incrementado el número de plazas de Formación Profesional en 12.500, un 32% de incremento.
• Hemos impulsado la concesión de Campus de Excelencia para las universidades madrileñas: de las 7 universidades que lograron la máxima distinción, 4 son madrileñas.
• Hemos creado 8 Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA).
FUENTE: Programa electoral del PP de Madrid
EDUCAR ES INVERTIR EN FUTURO
La educación es uno de los principales pilares en los que apoyamos nuestro proyecto transformador de la sociedad y sin duda supone uno de los mejores instrumentos para corregir las desigualdades que aún hoy persisten y para lograr una sociedad más libre, justa y cohesionada.
En la sociedad del conocimiento, la educación, la ciencia y la innovación son la base sólida desde la que se impulsan los avances colectivos. De hecho, los países más desarrollados y prósperos de Europa cuentan con los mejores sistemas de enseñanza y de investigación y con los sistemas productivos más innovadores.
La Comunidad de Madrid ha de convertirse en una de las principales capitales del conocimiento y ha de liderar el impulso para lograr que la economía europea se asiente sobre el conocimiento y la sostenibilidad, sobre el empleo de calidad y la cohesión social. En definitiva, Madrid ha de activar una Europa en la que las personas puedan desarrollar al máximo sus capacidades individuales y sociales.
Para alcanzar este objetivo hay que garantizar la máxima calidad educativa, asegurar la equidad con más recursos a los que más los necesitan y compensar, de este modo, las desigualdades socioeconómicas, culturales o familiares. Porque una región rica, como lo es la madrileña, no puede permitir un sistema educativo pobre e injusto para sus ciudadanos.
A pesar de que Madrid cuenta con la mayor densidad universitaria y científica de España –un potencial insuficientemente explotado- los datos más recientes vinculados con el I+D+i regional muestran síntomas evidentes de ralentización en este apartado, máxime si las cifras se comparan con las alcanzadas por otras comunidades autónomas.
El Gobierno de España, junto con los de otras regiones, han priorizado la educación, la ciencia y la innovación. Por el contrario, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha reducido el presupuesto regional en este ámbito- por ejemplo, en 2011 ha reducido un 10% el presupuesto y a lo largo de la legislatura ha recortado en más de 2.500 el número de profesores- y ha abandonado lo público en beneficio de lo privado, dos maniobras políticas que perjudican seriamente la calidad educativa, quiebran la igualdad de oportunidades y afectan a la competitividad del sector productivo.
Para los socialistas madrileños, la educación constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar y, por esta razón, entendemos que es una forma más de servicio público y social que no debe regirse por los mecanismos del mercado ni tampoco por criterios exclusivamente de rentabilidad económica, sino que el derecho de todos a la educación ha de garantizarse desde los criterios de:
- Igualdad para compensar las desigualdades de origen.
- Equidad para llevar a cabo una distribución equitativa en el acceso del alumnado entre los distintos centros docentes y, en el interior de los centros educativos, atender a la diversidad del alumnado.
-Calidad para conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades.
FUENTE: Programa electoral del PSM
SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Las políticas educativas que los Gobiernos del Partido Popular han llevado a cabo durante 16 años en la Comunidad han abocado a la educación madrileña a una crisis que está afectando a aspectos estructurales del sistema educativo español. La situación se ha agudizado en su última legislatura, en la que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha abanderado su particular “revolución conservadora”, caracterizada por la privatización de la educación, la desregulación del sistema, los recortes presupuestarios, la diferenciación de centros y la segregación del alumnado, provocando una situación de caos, malestar y crispación, elementos que conforman también el panorama educativo madrileño en los últimos años.
Las consecuencias directas han supuesto un importante retroceso en las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación por parte del alumnado: menos inversión en la educación pública; menos medidas de atención a la diversidad; menos profesorado, menos programas de compensación y aulas de enlace; menos plazas de FP; menos dinero para becas y ayudas; menos participación y menos control social. En definitiva, un fuerte retroceso en la equidad del sistema educativo madrileño y un retroceso también en las condiciones laborales del profesorado y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo.
El Gobierno del PP madrileño ha supeditado el interés general a los intereses privados y en nombre del libre mercado ha mercantilizado un bien esencial como es la educación, instrumento esencial para la cohesión social, en un campo para el negocio y para el control ideológico. Así, utilizando su particular concepto de liberalismo a la carta, la política educativa del PP en los últimos años ha consistido básicamente en desmontar programadamente la educación pública a la vez de dar un fuerte impulso a las políticas privatizadoras, política que la gestión cotidiana del Gobierno regional ha ejecutado desde posiciones cada vez más radicales. Con la falacia de “libertad de elección de centro”, ha procedido a la ampliación indiscriminada de conciertos educativos por toda la Comunidad Autónoma, valiéndose para ello de estrategias como la cesión de suelo público para la construcción de centros privados que nacen ya concertados. El Gobierno de Aguirre, en sus ansias privatizadoras, ha llegado a límites insospechados, como fue la venta del colegio público Miguel Ángel Blanco, del municipio de El Álamo, mediante un proceso condenado por los propios Tribunales de Justicia.
Pero Esperanza Aguirre no solo ha gobernado para favorecer intereses empresariales ajenos al interés público, ha roto en esta legislatura con una característica que venía dándose en la Comunidad de Madrid desde que esta asumió las transferencias: la cultura del acuerdo como forma de hacer su política educativa. Así, con un desprecio absoluto a las organizaciones y entidades firmantes, ha roto unilateralmente todos los compromisos y acuerdos firmados, tanto el Acuerdo para la Mejora de la Calidad para la enseñanza no universitaria como los Acuerdos con las Universidades Públicas Madrileñas: el Plan de Financiación y el Plan de Inversiones, inaugurando de forma autoritaria una nueva fórmula de hacer política: la de la imposición y el sectarismo.
El Gobierno del PP madrileño, en plena crisis, abandona a la educación pública. Coincidiendo con “la legislatura de la crisis”, el Gobierno regional ha despreciado la educación madrileña y coloca a la Comunidad de Madrid en el furgón de cola en cuanto al esfuerzo presupuestario que le dedica de su PIB, en el presupuesto de 2011 tan solo un 1,74%, a mucha diferencia de la media española, situada en el 3,91%, quedando las ciudadanas y ciudadanos de Madrid en clara desventaja.
La inversión educativa de la Comunidad de Madrid se ha reducido drásticamente entre el año 2007 y el 2011. Sin embargo, el recorte presupuestario no se ha distribuido por igual entre las dos redes sostenidas con fondos públicos. En ese mismo periodo, las partidas destinadas a conciertos han experimentado un crecimiento del 14,73%.
Esa política presupuestaria desreguladora, desequilibrada e injusta a favor de la enseñanza privada ha repercutido exclusivamente sobre las partidas destinadas a la enseñanza pública lo que, entre otras cosas, ha impedido la construcción de los centros educativos que se están necesitando y el abandono de infraestructuras, además de fuertes recortes en las plantillas del profesorado1 y de las medidas de apoyo y de atención a la diversidad del alumnado; supresión de bachilleratos nocturnos; falta de plazas en Formación Profesional; abandono de la educación para las personas adultas; desmantelamiento de los centros de formación docente. Fuertes recortes en educación que, sin embargo, han ido acompañados con un gran aumento de las partidas destinadas a las privatizaciones y desgravaciones fiscales por gastos educativos de la que se benefician las familias que optan por la enseñanza privada, y con una política de becas injusta y regresiva que favorece a las familias que no lo necesitan en perjuicio de las que más falta les hace.
La educación, medida fundamental para enfrentar la crisis. Existe un consenso en todos los países –y también precedentes en épocas de crisis pasadas– en reconocer que el papel de la educación frente a la crisis económica es fundamental. Efectivamente, IU-CM está convencida de que la educación tiene un papel muy importante que jugar en la alternativa social a la crisis. El cambio de modelo productivo pasa por la disminución del uso intensivo de una mano de obra sin cualificar y por el incremento de la presencia en los centros de trabajadores con media y alta cualificación. Esto significa más y mejor educación en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta la Universidad, incremento en la escolarización de las enseñanzas postobligatorias, de la Formación Profesional, de la educación para las personas adultas, de la educación a distancia y de los programas de cualificación profesional inicial; sin embargo, la política educativa desarrollada por el Gobierno de Esperanza Aguirre a lo largo de la legislatura 2007-2011 ha ido en dirección contraria.
Como colofón a la situación de la educación madrileña, las últimas medidas anunciadas por el Gobierno del PP madrileño: la diferenciación y especialización de centros, la “cesión” por parte de la Administración Pública de las competencias del currículo escolar dejándola en manos de los centros, junto la introducción de modelos de excelencia en bachillerato constituyen un nuevo paradigma educativo que el Gobierno del PP está imponiendo en esta Comunidad, medidas que en su conjunto suponen un grave retroceso en la concepción democrática del sistema educativo y en los valores que lo sustentan, retroceso que, incomprensiblemente, se está produciendo con total impunidad por parte del Ministerio de Educación. En definitiva, la política educativa del PP en la Comunidad de Madrid ha tenido un claro objetivo, minar la educación como servicio público y como derecho universal para todos los ciudadanos y ciudadanas.
FUENTE: Programa IU - CM
La educación española no está a la altura de lo que le corresponde, ni por el grado de desarrollo económico del país, ni por lo que demandan los ciudadanos. En ocasiones se atribuyen los malos resultados a los cambios en la sociedad y a la presencia de emigrantes. Sin negar la importancia de esos factores, pensamos que la causa de la situación está en que las leyes educativas han resultado fallidas, al haber impuesto un modelo pedagógico que no valora ni el esfuerzo, ni el aprendizaje, ni la excelencia ni la responsabilidad.
En nuestra Comunidad, la Administración ha abandonado a su suerte a muchos centros públicos de enseñanza y a sus alumnos, principales víctimas de la aplicación las leyes educativas. Se ha abierto una brecha entre los centros de gestión privada y los de gestión pública que el gobierno de la Comunidad no parece dispuesto a cerrar, más interesado por una red pública subsidiaria donde marginar alumnos procedentes de familias desfavorecidas o de problemática integración cultural
En Unión Progreso y Democracia defendemos un sistema educativo laico y de calidad, asentado sobre el saber, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades, en el que los poderes públicos prestan especial atención a la educación pública de la que son responsables. UPyD lucha por la igualdad, entendida ésta como igualdad de derechos y oportunidades, lo cual significa que todos deben beneficiarse de la educación obligatoria. Pero somos contrarios a la igualación por abajo, que obliga a rebajar los niveles de calidad y perjudica, sobre todo, a los estudiantes de familias de menor renta, a quienes se les hurta la única oportunidad que tienen de adquirir una formación sólida.
Para lograr estos objetivos y para garantizar un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, proponemos la devolución al Estado de las competencias en educación.
FUENTE: Programa electoral Comunidad de Madrid
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