| La situación de la educación en Madrid está viviendo una crisis. Todo indica que esa crisis está afectando a aspectos estructurales del sistema educativo regional, que está abandonando pilares esenciales del sistema educativo español. La política presupuestaria de los últimos cinco años ha ido marcando la pauta de un abandono progresivo de la enseñanza pública que la gestión cotidiana del gobierno regional ha ejecutado desde posiciones cada vez más radicales, provocando una situación de caos, malestar y crispación, que se han acabado convirtiendo en elementos esenciales del panorama educativo madrileño, en los últimos tiempos.
Efectivamente, el dinero que debe servir para construir y arreglar los centros de enseñanza y para aumentar el profesorado necesario no es suficiente, y en cinco años el peso del gasto educativo ha disminuido sustancialmente en el total del presupuesto regional. Los centros se deterioran y no se arreglan convenientemente, ni en el debido plazo, cuando se hace imprescindible el desarrollo racional de un mapa de centros que impida el desbarajuste privatizador y potenciar la red de centros públicos con la modernización de útiles e instalaciones –recordemos, sin embargo, las cesiones de suelo público para colegios privados y la desaparición del centro público Miguel Angel Blanco, a consecuencia de la venta de sus instalaciones-.
La demanda de plazas se incrementa en determinados niveles, como es la educación infantil, donde 30.000 familias anualmente no encuentran la plaza pública que solicitan, pero no se construyen las escuelas que harían falta. No ha habido dinero para ello, mucho antes de los problemas económicos generales. Y ahora, apretarse el cinturón significa eliminar la gratuidad de esas mismas escuelas infantiles a las familias de menor poder adquisitivo.
La problemática de la educación infantil madrileña es, en todo caso, el paradigma de lo que está sucediendo en el ámbito general: ante la escasez del dinero presupuestado en cinco años para construir nuevos centros que satisfagan el incremento de la demanda, el gobierno regional concibe el cheque-guardería que financie una parte del coste de las guarderías privadas. Y al necesitar más guarderías para ubicar en ellas la demanda insatisfecha de las escuelas infantiles públicas, rebaja los requisitos mínimos, de forma que se puedan legalizar lo que se ha venido en llamar “garajes-aparcaniños”, guarderías sin patio, sin personal convenientemente titulado… El resultado es un deterioro gravísimo de la calidad de la educación infantil, tanto en términos pedagógicos, como en el ámbito de la seguridad y la salud escolar.
Es imprescindible que se restauren las condiciones existentes en la Comunidad de Madrid previas al Decreto 18/2008 y que se defina, además, un marco formativo de los profesionales del sector. Paralelamente, es imprescindible el compromiso firme de creación de nuevas escuelas infantiles públicas de gestión directa, de las cuales no se ha construido ninguna desde hace 10 años, para conseguir, como poco, que el 50 % de la red tenga esta gestión.
Pero tampoco ha habido dinero suficiente, en los últimos cinco años, para remodelar centros de enseñanza envejecidos de primaria y secundaria porque las inversiones se han ido recortando. Y así, escuelas e institutos van acumulando deficiencias que provocan, tanto a su aspecto descuidado, como a carencias por unos medios y recursos obsoletos –recordemos los casi 100 colegios públicos que carecen de gimnasio-. Por no hablar de la letanía de los barracones, que la Administración sigue utilizando sin que llegue el momento en que nos olvidemos de ellos.
Y, por supuesto, falta profesorado para realizar convenientemente apoyos y refuerzos ante las dificultades de aprendizaje del alumnado. Y se necesitan más profesionales de la orientación educativa y mejorar la formación del profesorado. Pero tampoco ha habido voluntad política para afrontar este problema, sino más bien, al contrario, se recortan los cupos de profesorado año tras año, se ha desmantelado la estructura de centros de formación docente y, asimismo, se han pretendido desmontar los equipos de orientación de los centros de primaria, afortunadamente, sin éxito, gracias a la respuesta de la comunidad educativa.
Se hace necesario plantear nuevas ideas que permitan la ampliación de los horarios de mañana y tarde, así como los comedores escolares y las actividades extraescolares, sin que su coste recaiga en el profesorado o en las familias. Estas actividades redundarán, junto con los apoyos en el aula, en la mejora de la convivencia en los centros, como se diseñaba en la Iniciativa Legislativa Popular sobre Convivencia que el PP se negó a debatir en la Asamblea de Madrid.
La crisis de la educación en Madrid, no parte sólo de un gasto educativo reducido, que nos coloca en la última posición del ranking por comunidades del esfuerzo financiero en educación medido en porcentaje de PIB regional. La gestión política que dibuja este escenario presupuestario, no hace este dibujo en vano, sino que está introduciendo elementos que serán capaces de profundizar los problemas educativos en largo plazo, si no se la pone freno. Estamos hablando de minar la educación como servicio público, como derecho universal para todos los ciudadanos y ciudadanas.
La cuestión no es enseñanza concertada frente a enseñanza pública. Ese no es el esquema que propone nuestro entramado legal. No tiene por qué haber tal dilema, pues la enseñanza concertada existente, así como la enseñanza pública, deben tener la suficiente y transparente financiación para garantizar su gratuidad efectiva. La cuestión es, en todo caso, el desarrollo de la enseñanza pública como principal instrumento de los poderes públicos del Estado para garantizar el derecho universal a una educación de calidad, tal y como indican nuestras leyes.
Sin embargo, en Madrid, la política del gobierno regional ha olvidado esta función de la enseñanza pública, de la que es titular y responsable. Ha olvidado que es responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier país, de izquierdas o de derechas, velar por la calidad y el dinamismo de su enseñanza pública. Y así, cada año, escolariza a 8 de cada 10 nuevos alumnos madrileños en la enseñanza privada y sólo a 2 en la pública; olvidando, de paso, lo que hacen los gobiernos del resto de las comunidades autónomas españolas -incluidos los de su propio partido- que escolarizan de media a 7 de cada 10 nuevos alumnos en la pública.
Este desequilibrio en la escolarización que introduce el gobierno regional de Madrid está minando aún más a la enseñanza pública, por cuanto tiene una vocación segregadora que concentra en las escuelas y en los institutos públicos, así como en un número muy reducido de concertados, a la mayoría del alumnado que presenta dificultades o especiales necesidades de aprendizaje. Por ello, tanto el alumnado de origen inmigrante o perteneciente a minorías o colectivos con necesidades sociales, como el alumnado con necesidades educativas especiales y el de garantía social, se escolarizan mayoritariamente en la enseñanza pública, en una proporción de 7 a 8 sobre 10.
Esta es la privatización en contra de la que estamos: privatizar para segregar, para generar desigualdad. Una desigualdad que no crea calidad, muy al contrario, acompaña a una evolución negativa de la tasa de idoneidad que ve aumentar el nº de repetidores en nuestra región, en los últimos años; al tiempo que hace correlacionar la tasa de éxito-fracaso escolar de las distintas zonas de la región en función del nivel de su nivel de renta, situando su media por debajo de la media española en un punto, respecto al rendimiento escolar en secundaria, y en 3,6 puntos, respecto al rendimiento escolar en primaria -según datos MEC-. Una señal inequívoca del fracaso educativo de esta gestión gubernamental, tanto desde una óptica de izquierdas, como desde una óptica de derechas honesta.
La integración de todas las personas en edad de escolarización obligatoria de forma racional y equilibrada que permita atender por igual, desde ambas redes (pública y privada) y en todos los centros, a los alumnos con necesidades educativas especiales y con desventaja social debería ser la línea fundamental de la política educativa en la Comunidad de Madrid.
Si este gobierno procediera con la coherencia democrática que cabría esperar en cualquier gobierno, de derechas o izquierdas, no llevaría a cabo una política tan burda, tan radical. Esta es una política descarnada destinada a desmontar la enseñanza pública como principal instrumento de una educación de calidad en Madrid. No quererlo reconocer, desde posiciones de izquierdas o, reconociéndolo, obviarlo desde la pesadumbre por la actual mayoría absoluta del PP, intentando justificar, comprender o, incluso, apropiarse de su discurso, es un grave error para todos los que apostamos por la educación como vía de progreso y transformación social.
En estos momentos, se hace imprescindible restaurar un consenso con los agentes sociales para valorar las buenas prácticas, la dedicación y la innovación; así como, un acuerdo que garantice las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, cuya retribución dependa de los fondos públicos.
Hacemos, por todo ello, un llamamiento a todas las fuerzas de izquierda de nuestra comunidad, en particular, a todas aquellas fuerzas políticas cuyos debates congresuales se han de celebrar en los próximos días o meses, a comprometerse con la enseñanza pública como principal instrumento para garantizar el derecho universal a una educación de calidad, por la igualdad de oportunidades y la integración social, frente a la concepción segregadora y “clasista” de la derecha ultramontana e intransigente que representa la mayoría del PP madrileño y que se plasma en la gestión educativa del gobierno regional. FREM-CCOO FAPA Giner de los Ríos FETE-UGT
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