CCOO impugnará el Decreto que permite que el colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo siga siendo concertado

CC.OO. Enseñanza Madrid va a impugnar el nuevo Decreto 106/2009 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que permite que el colegio Miguel Ángel Blanco, en el municipio de El Álamo, siga siendo concertado pese a que en un principio, el proyecto contemplaba que el centro fuese de titularidad pública.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló hace unas semanas parte de la norma por la que se suprimió el centro al considerar que la decisión del Gobierno regional no se ajustó a Derecho, al ir en contra de la ley que regula esta materia, y por la "gran demanda" que había en el municipio para que el colegio existente fuera de titularidad pública.

Seguidamente, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un nuevo decreto donde se ha cambiado el apartado primero del decreto 50/2008, de 8 de mayo, sobre creación y reorganización de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria para el curso escolar 2008-2009.

El sindicato recurrirá este decreto considerando que "tampoco motiva la supresión" y que, "a mayor abundamiento, la argumentación dada (por parte del Gobierno regional) es incierta", ya que, en opinión de los servicios jurídicos de CC.OO., el nuevo texto se contradice con lo expresado en el procedimiento judicial anterior.

CC.OO. explica que ahora en este nuevo Decreto "dice que el centro público nunca funcionó, cuando el propio letrado de la Comunidad en su escrito de defensa dejó claro que el centro funcionaba, con sus respectivas clases, profesores y alumnos, por lo tanto, no puede desdecirse de lo ya manifestado ante un Tribunal de Justicia", apuntan.

"Si ante las alegaciones que esta parte presentó en el primer contencioso sobre la desviación de poder de la Comunidad de Madrid, el Tribunal entendió que la falta de transparencia en la actuación de la misma le limitaba a juzgar si existe esta desviación de poder o no, al dictar este Decreto la desviación de poder es notoria, por cuanto reitera una actuación ya anulada por los tribunales de justicia, intentando no ejecutar la Sentencia en sus propios términos", destacan.

A su juicio, la Consejería Educación de la Comunidad de Madrid ha hecho una ejecución "torticera" de la sentencia del caso 'El Álamo' y denuncian que el Gobierno regional "sigue sin explicar las razones de la supresión del centro público", que se hizo "con el consentimiento" del Ayuntamiento de la localidad, "lo que obliga a CC.OO. a volver a acudir a los Tribunales".

Igualmente, señalaron que los trabajadores y alumnos afectados por la supresión de este centro pueden solicitar a la Comunidad de Madrid una indemnización por daños y perjuicios a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial, que según su jurisprudencia puede elevarse a 30.000 euros.