El difícil inicio del curso académico en la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por la improvisación y la falta de consideración hacia los funcionarios docentes, padres y alumnos. Junto a la reducción de cupos de varios IES con el curso ya empezado y los grupos ya formados, nos encontramos con el cierre de varias aulas de enlace. La imprevisión de la Consejería de Educación afecta a un importante número de funcionarios, gran parte en comisión de servicios, e interinos que se han quedado sin su puesto de trabajo. Volver a reubicar a estos trabajadores afectará, con el curso ya empezado, a los funcionarios interinos (que puede que se queden sin vacante para este curso) y a los alumnos que ya han empezado el curso con sus maestros y profesores.
El proceso de privatización de la enseñanza que llevamos denunciando el STEM desde hace bastante tiempo queda aquí patente una vez más, ya que las aulas de enlace que se clausuran son todas públicas, quedando intactas las aulas de enlace en centros concertados. La selección de alumnado que se permite a los centros concertados deja a la enseñanza pública en una difícil situación, cada vez más desprotegida y privada de medios. Es una situación injusta para el conjunto de la comunidad educativa porque, si bien el número de inmigrantes que utilizaban estas aulas ha disminuido, lo cierto es que posiblemente los nuevos alumnos se vean obligados a integrarse directamente y sin ningún tipo de preámbulo en el sistema público de enseñanza.
La falta de planificación, ya típica, que caracteriza al gobierno de Esperanza Aguirre se deja ver una vez más en esta situación. No han sido capaces de organizar en los plazos normales la planificación de las aulas de enlace a la finalización del anterior curso, tal y como se venía haciendo hasta ahora, lo que no hubiera tenido efectos tan perversos en los trabajadores afectados. Parece ser que la nueva política de la Consejería de Educación es esperar a que el curso empiece para deshacer lo ya hecho o cuanto consideren oportuno a su antojo y sin importarles las consecuencias, que de manera inmediata, afecta a un importante número de trabajadores de la enseñanza pública. Tanto por el contenido como por la forma, asistimos otra vez más (y ya van muchas) a otro ataque contra los servicios públicos en general y contra la comunidad educativa en particular.
Esperamos que los profesionales de la enseñanza pública sean conscientes de esta continua amenaza y del progresivo deterioro de nuestros derechos como trabajadores, padres y alumnos, que conllevan este tipo de medidas. Por eso, el STEM continuará movilizándose en defensa de la enseñanza pública, el derecho ciudadano a la educación y contra la privatización de los servicios públicos.
Fuente: www.stemstes.org
El proceso de privatización de la enseñanza que llevamos denunciando el STEM desde hace bastante tiempo queda aquí patente una vez más, ya que las aulas de enlace que se clausuran son todas públicas, quedando intactas las aulas de enlace en centros concertados. La selección de alumnado que se permite a los centros concertados deja a la enseñanza pública en una difícil situación, cada vez más desprotegida y privada de medios. Es una situación injusta para el conjunto de la comunidad educativa porque, si bien el número de inmigrantes que utilizaban estas aulas ha disminuido, lo cierto es que posiblemente los nuevos alumnos se vean obligados a integrarse directamente y sin ningún tipo de preámbulo en el sistema público de enseñanza.
La falta de planificación, ya típica, que caracteriza al gobierno de Esperanza Aguirre se deja ver una vez más en esta situación. No han sido capaces de organizar en los plazos normales la planificación de las aulas de enlace a la finalización del anterior curso, tal y como se venía haciendo hasta ahora, lo que no hubiera tenido efectos tan perversos en los trabajadores afectados. Parece ser que la nueva política de la Consejería de Educación es esperar a que el curso empiece para deshacer lo ya hecho o cuanto consideren oportuno a su antojo y sin importarles las consecuencias, que de manera inmediata, afecta a un importante número de trabajadores de la enseñanza pública. Tanto por el contenido como por la forma, asistimos otra vez más (y ya van muchas) a otro ataque contra los servicios públicos en general y contra la comunidad educativa en particular.
Esperamos que los profesionales de la enseñanza pública sean conscientes de esta continua amenaza y del progresivo deterioro de nuestros derechos como trabajadores, padres y alumnos, que conllevan este tipo de medidas. Por eso, el STEM continuará movilizándose en defensa de la enseñanza pública, el derecho ciudadano a la educación y contra la privatización de los servicios públicos.
Fuente: www.stemstes.org
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